Por: Ivonne Acuña Murillo
Primero, supone un reacomodo de fuerzas dentro del sistema político
mexicano a partir de un reposicionamiento de la presidencia de la República
frente a una estructura que en los últimos sexenios se ha fragmentado en
diversos centros de poder y en la cual Elba Esther operaba como un factor que
podía inclinar la balanza hacia uno u otro lado, ofreciendo votos a diestra y
siniestra. Esto ha llevado a diversos analistas a afirmar “habemus presidente”. Lo anterior no quiere decir que la logística
construida para hacer ganar a ciertos candidatos sea abandonada y no pueda ser
reutilizada en el futuro sólo que sin “la Gordillo”.
Segundo, su arresto permite a Enrique Peña Nieto buscar, durante su
desempeño, la legitimidad de origen que no obtuvo en las pasadas elecciones
presidenciales debido a que superó con creces los gastos de campaña, a la
compra de votos, las tarjetas Soriana y el conocido caso Monexgate, entre otros.
Ofrecerle a la sociedad la cabeza de la lideresa sindical más poderosa del país
a quien se acusa, en parte con razón pero de manera excesiva, de ser la única causante
del bajo nivel educativo de este país, sin tocar el tema en torno a sus
aportaciones a la misma campaña electoral priísta, puede redituarle muy buenos
frutos en el corto y largo plazo.
Tercero, conlleva un cambio en la estrategia de comunicación política que
diferencia claramente a esta administración de los gobiernos panistas, en
especial al de Felipe Calderón, donde los montajes televisivos y los juicios
mediáticos sustituyeron la acción de las autoridades en materia de
investigación y aplicación de la justicia y cuyos errores dieron paso a
aberraciones como la liberación de una secuestradora a quien se violó su
derecho al debido proceso. Pero más allá de la formalidad y cuidado con la que
el actual gobierno ha presentado a la sociedad este caso, debemos esperar que
se lleve hasta sus últimas consecuencias y no veamos pronto a la Gordillo en
las revistas de sociales muerta de la risa.
Cuarto, este arresto puede interpretarse como un mensaje a otros poderes
fácticos de lo que esta administración es capaz de hacer en su contra. En cuyo
caso, deberíamos esperar que se iniciaran procesos a otros corruptos líderes
sindicales que se han enriquecido a costa de los trabajadores a quienes dicen
representar, como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, quien acaba de
regalar a su hijo un auto Ferrari con valor de 25 millones de pesos. O que se
acote el poder de los gobernadores, las televisoras, los cárteles de la droga y
la delincuencia organizada, etc. De lo contrario, será sólo una estrategia
mediática para lograr legitimidad, pero no para recomponer de manera profunda
el mapa del poder en México y los intereses en él enquistados.
Quinto, el tiempo dirá si esta medida va encaminada a restablecer el poder
autoritario de un viejo partido, que impone su fuerza sobre un sindicato y su
“incómoda lideresa”, para volver a colocar a un dirigente a modo y que utiliza este
arresto para tener “contenta” a la población, atendiendo parcialmente sus
demandas y como una cortina de humo, muy al estilo de los viejos tiempos, para
distraerla mientras en el Congreso se aprueban dos de sus pretendidas reformas
estructurales: la energética y la fiscal. Y que al salir del “engolosinamiento”
con la Gordillo, el petróleo ya no sea nuestro y estemos pagando IVA
generalizado a medicinas y alimentos. O si por el contrario, vamos en camino a
una sociedad más democrática y justa, en cuyo caso la acción contra la
“maestra” será el inicio de una serie de medidas encaminadas a construir un
equilibrio más justo entre los diversos grupos de la sociedad.
Finalmente, si consideramos que esta aprehensión sirve a la presidencia de la
República para varios fines, deberá incluirse en el libro de texto de los
próximos presidentes de México y sus funcionarios más cercanos como el
Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, como una
lección aprendida ya aplicada en tiempos no muy remotos.
