Por: Ivonne Acuña Murillo
Ayer, ante millones de mexicanos y mexicanas, los magistrados del TEPJF no estuvieron a la altura del momento histórico que les tocó vivir toda vez que superpusieron la verdad jurídica a la verdad histórica, bajo el argumento de que la política no podía estar por encima de la justicia y de que las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista no permitieron establecer de manera racional una relación entre los hechos denunciados y Enrique Peña Nieto y el partido que encabeza. Más aún, se argumentó que no era posible demostrar que las encuestas, la compra y coacción del voto o la sobreexposición de EPN en los medios de comunicación pudieran de alguna manera haber influido en la intención de voto de la ciudadanía, por lo que a todas luces éstas habrían sido unas elecciones libres y auténticas de tal manera que no era posible sostener la petición de la izquierda partidista para invalidar la elección presidencial aduciendo la violación al Artículo 41 Constitucional.
La retórica con la que se afirmó que la existencia de las tarjetas de Banca Monex y Soriana, de los audios y videos que muestran la exposición de Peña en los medios pero no la existencia de un contrato donde éste hubiera comprado esos espacios, de las denuncias ciudadanas de compra y coacción del voto, del caso Aquino, no aportaban datos suficientes para hablar de una elección inequitativa, permitió observar el eje central de una estrategia a partir de la cual la argumentación lógica suplió la voluntad de ir al fondo en la búsqueda de la verdad, desalojando la justicia en favor de la política, a pesar de que se sostuvo lo contrario.
El argumento central fue entonces: “las pruebas no prueban nada” y dado que el que acusa tiene que probar, el Tribunal se dedicó a juzgar esas pruebas sin acudir a otras instancias, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Hacienda, CONDUCEF, El Banco de México, la FEPADE, etc., que hubieran podido también, de haberlo querido, aportar más datos para soportar lo ya presentado por quien impugnó la elección. De esta manera, el equipo de juzgadores, al restringir su acción, cumplió con su deber legal pero incumplió con su deber moral de tutelar un bien mayor, bajo el pretexto de la falta de pruebas y a contracorriente de toda evidencia fáctica.
Esta miopía voluntaria pone al país en un grave riesgo de inestabilidad política pues el fallo del Tribunal no hará desaparecer, como por arte de magia, los hechos que prefiguraron una elección inequitativa y la imposición del próximo presidente de la República. No hará desaparecer tampoco la inconformidad de millones de personas que vieron defraudada, por segunda vez en seis años, la esperanza de llevar al poder un proyecto alternativo de nación.
La presunción de que un candidato arriba a la presidencia de manera ilegítima puede provocar una serie de inconvenientes tanto para quien pretende gobernar, como para los gobernados. En primer lugar, si se considera, siguiendo a Max Weber, que la legitimidad es la probabilidad de obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción bajo la amenaza del uso de la fuerza, se puede sostener que los poderes ilegítimamente instituidos suelen enfrentar problemas de gobernabilidad ante la imposibilidad de construir los consensos necesarios para que los miembros de la comunidad política y social acepten su autoridad.
En segundo lugar, la ilegitimidad de origen puede influir en el ánimo del nuevo gobernante de dos maneras: una positiva y otra negativa. La primera puede llevar al sujeto en cuestión a tomar medidas encaminadas a lograr, a partir de un buen desempeño, la legitimidad de ejercicio, cubriendo el déficit de inicio. Por el contrario, puede caer en la tentación de conquistar por las malas lo que no pudo obtener por las buenas, incluso puede llegar al extremo de “suprimir” a sus opositores.
En 2006 ya tuvimos la experiencia de un presidente que llegó con déficit de legitimidad y su intento por legitimarse declarando la guerra al narco y al crimen organizado nos ha costado ya más de 60 mil muertos. La pregunta hoy es ¿Qué hará EPN para cubrir su déficit de legitimidad una vez que el TEPJF lo ha declarado presidente electo?
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